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Las medidas aprobadas en el Plan de Contingencia Energética reducirán hasta un 13,5% el consumo de gas
Tras varias semanas de incertidumbre, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Contingencia Energética, una serie de medidas y recomendaciones que tratan la seguridad y el consumo energético. Esta estrategia viene exigida desde la Unión Europea y va destinada a reducir el consumo de gas de hogares, empresas y sector público entre un 5,1% y un 13,5% hasta mayo de 2023.

El plan también incluye alguna de las medidas ya aprobadas durante el pasado mes, como la reducción del IVA del gas natural desde el 21% al 5%. En números generales, el Ejecutivo estima que la fiscalidad de la factura se ha rebajado en un 80% y los costes regulados en un 56%. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera también ha adelantado que existe la posibilidad de subir un 62% la dotación del bono social eléctrico y térmico y facilidades para impulsar la autogeneración y la rehabilitación energética de las viviendas.

El descontento de las asociaciones de consumidores ha calado también en este plan y supondrá un cambio en la factura de la luz. En ella se incluirá información explicativa sobre el consumo medio registrado por cada consumidor para incentivar así el ahorro a través de la comparación entre vecinos. El Gobierno también destinará 40 millones de euros para la instalación de contadores inteligentes de gas natural, que permitan a los usuarios conocer en tiempo real su consumo.

Sin embargo, la situación de las comunidades de vecinos con calefacción central todavía está en estudio. El problema reside en la imposibilidad de estas comunidades a acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) al superar los 50000 KWh de consumo anual como está estipulado por ley. Sin embargo, las más de 1,6 millones de familias afectadas necesitan solucionan inmediatas, ya que no podrán afrontar una subida de casi el 300% del precio del gas del mercado.

Alguna de las alternativas adelantadas por la ministra pasan por crear una nueva tarifa especial para estos casos, ampliar el bono de ayudas o fomentar los repartidores de costes en calefacciones centralizadas. Los hogares que sí han logrado acogerse a la tarifa regulada han podido ahorrar más de un 45% en el segundo trimestre de 2022, según datos del Ejecutivo.