Gran parte de los profesionales del sector han anunciado su malestar por los inmediatos efectos negativos que supone el nuevo reglamento sobre el Impuesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEF). El Gobierno ha publicado en el Real Decreto 712/2022 del 30 de agosto toda la reforma de la anterior Ley con cambios muy significativos.

Esta renovación del impuesto gravará la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas. De esta manera, este impuesto deja de ser medioambiental, al gravar directamente el uso de dichos gases y no las emisiones a la atmósfera. Esta medida se suma a la eliminación del certificado CAF (Código de Actividad de los Gases Fluorados) para los instaladores, que deberán pagar el impuesto en el momento de adquirir gases e informar de todos los que ya almacenan tanto a granel como los incorporados en equipos o aparatos.

Estas normas provocan un impacto directo en todo el sector de instalaciones y mantenimiento. Alguna de las consecuencias más evidentes son el incremento del coste de las instalaciones de refrigeración que los contienen entre un 5 y un 10 %, el aumento de los precios finales de equipos y su subsecuente desincentivo en la renovación de estos, la penalización en la contribución de la bomba de calor o el ya existente fomento del fraude y el mercado negro.